Servini hizo lugar a la apelación por la intervención del PJ y ahora resuelve la Cámara Nacional Electoral

La jueza federal María Servini de Cubría aceptó la apelación a la intervención del Partido Justicialista (PJ) que dispuso la semana pasada y la causa ahora quedó en manos de la Cámara Nacional Electoral, que deberá resolver además la continuidad de Luis Barrionuevo como normalizador.

Servini, jueza federal con competencia electoral, hizo lugar al pedido impulsado por el titular del partido hasta antes de la intervención, José Luis Gioja. Según trascendió, la decisión es con “efectos devolutivos” por lo que la intervención sigue en pie hasta que la Cámara Electoral se expida.

La decisión de Servini dio por tierra los planes originales de los dirigentes justicialistas que buscaban que la apelación se aceptara con “efectos suspensivos”, lo que implica dejar sin efecto la intervención del partido.

«La suscripta considera que las argumentaciones esgrimidas por los recurrentes no resultan suficientes como para acreditar la existencia del ‘perjuicio irreparable’ aludido por la norma, ya que no se ha indicado en forma concreta, qué cuestión o situación partidaria no podría ser resuelta por el Interventor Judicial designado hasta tanto el Superior resuelva sobre la medida cautelar en cuestión”, argumentó Servini en su escrito para desechar los argumentos del PJ, según publicó Infobae. Los camaristas Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera tienen que resolver si confirman la intervención del PJ o la revocan y la dejan sin efecto.

Servini de Cubría dictó el martes 10 una medida cautelar en la que encomendó a Barrionuevo, en calidad de interventor la ejecución de actos que lleven a la normalización partidaria. Además, le solicita realizar un inventario de bienes muebles e inmueble, como así informar sobre la situación económico-financiera de la entidad.

La medida había sido solicitada por el sindicalista y ex diputado bonaerense, Carlos Acuña, actual triunviro de la CGT y cercano al propio Barrionuevo. El fallo que ordenó la intervención quedó rodeado de mucha polémica.

Entre sus fundamentos, la magistrada señaló «los adversos resultados electorales obtenidos» en las elecciones de 2015 y 2017 y afirmó que las derrotas de esos comicios «han profundizado la división interna que venía gestándose con antelación y han provocado una crisis en la conducción partidaria difícil de superar».

La magistrada advirtió que en las elecciones del año pasado «reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o frentes de los que el justicialismo no formó parte o directamente se han postulado como candidatos de esas agrupaciones que compitieron contra el partido fundado por el general Perón», en referencia a Daniel Scioli, Fernando Espinoza y otros dirigentes que apoyaron o integraron las listas de Unidad Ciudadana.

El fallo consignó que «esta suerte de vaciamiento partidario, provocado por quienes dicen ser peronistas al solo efecto de obtener una ventaja electoral, se ve perfectamente plasmado en la actidud de aquellos que utilizando el «sello» de la agrupación y el apellido de quien fuera su fundador, emigran a otras agrupaciones políticas -distintas y de diferente pensamiento- para apoyar candidaturas que no son sostenidas por el Partido Justicialista».